Amazon (AWS) ha presentado un expediente ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos en el que incluye una protesta formal por la decisión de adjudicar el contrato de infraestructura Cloud del Pentágono con el nombre en clave JEDI que asciende a más de 10.000 millones de dólares a Microsoft. Este contrato, como ya adelantamos en Cloudmasters el 26 de Noviembre de este año, va mucho más allá del dinero.
AWS lanza un mensaje grave en cuanto insinúa delitos de prevaricación
El proyecto JEDI se ha convertido en el más importante de la historia de los servicios en la nube, y no solo por la enorme cantidad monetaria que supone, sino por que el hecho de que el Pentágono y el departamento de defensa más importante del planeta elija una solución por encima de otra, lanza un mensaje muy poderoso a aquellos que disponen de entornos con alta criticidad, seguridad, disponibilidad, velocidad y potencia.
Microsoft guarda silencio, y de forma objetiva podemos decir que tiene mucho de su parte y que las acusaciones de AWS deben ser demostradas por un arbitro independiente. El hecho de que AWS muestre quejas no demuestra que estén fundadas en hechos reales, pero sin duda está generando una fuerte controversia.
Andy Jassy, Director Ejecutivo de AWS ya adelantó a los empleados de la filial de Amazon que había planes de reunirse con todos los interlocutores el 14 de noviembre. De hecho citó de manera muy explícita la posible interferencia presidencial atando de alguna manera la capacidad de decisión de las diferentes agencias gubernamentales participantes en la licitación.
Jassy también asegura que no tiene sentido la elección de Microsoft, apoyandose en informes que muestran opiniones de clientes que afirman que AWS está «unos 24 meses por delante de Microsoft» cuando se trata de funcionalidad y madurez. Este extremo, a pesar de ser discutible, tiene para Andy Jassy un valor importante pues trata de presionar al gobierno norteamericano con opiniones de expertos que toman decisiones por cuestiones meramente técnicas y funcionales.
Las acusaciones de AWS son realmente directas y «sin anestesia» de ningún tipo, «También creemos que es fundamental para nuestro país que el gobierno y sus líderes electos administren las licitaciones públicas de forma objetiva y libre de influencia política.», afirmación que deja un mensaje que puede ser considerado grave en cuanto insinúa delitos de prevaricación, es decir toma de decisiones injustas a sabiendas. Desde la compañía de Bezzos también han afirmado que «Numerosos aspectos del proceso de evaluación de JEDI contenían deficiencias muy claras, errores y sesgos irrefutables. Es importante que estos asuntos sean re-examinados y rectificados».
Por si todo esto fuera poco, AWS pretende usar como prueba de fuego, la continuidad y éxito de funcionamiento de las operaciones en la nube de la CIA, entorno gestionado por los «amazonians» y que ha estado en plena capacidad operativa desde principios de 2015. AWS cuestiona como es posible que una decisión que afecta a la seguridad nacional obvie la experiencia de agencias del gobierno como la CIA apostando por soluciones no probadas a ese nivel de criticidad.
Menos de un mes ha pasado tras la decisión de adjudicar el contrato a Microsoft y muchos expertos de la industria continúan cuestionando supuestas interferencias del ejecutivo de Trump, así como la decisión de que el Departamento de Defensa (DoD) centre todos sus servicios en la Nube en de un solo proveedor en lugar de optar por sistemas multi-nube que re-aseguren la continuidad del servicio y fuercen una competencia sana para todos y especialmente beneficiosa para las agencias del gobierno americano.
AWS ha confirmado, por tanto, que continuará con la pelea por este mega-contrato que claramente va mucho más allá del dinero. Una adjudicación de este tipo habla de temas muy profundos como confianza, prestigio y capacidad, y es un mensaje a toda la industria de grandes sistemas que AWS quiere mantener cerca.
«También creemos que es fundamental para nuestro país que el gobierno y sus líderes electos administren las adquisiciones de manera objetiva y de una manera libre de influencia política».
«Numerosos aspectos del proceso de evaluación de JEDI contenían deficiencias claras, errores y sesgos inconfundibles, y es importante que estos asuntos fueran examinados y rectificados», agregó el portavoz.