El derecho a reparar en EE.UU ha llegado a convertirse en una lucha rural y al mismo tiempo, simbólica. A medida que los tractores se hacen más sofisticados, los grandes fabricantes están dejando a los agricultores con menos opciones a la hora de poder repararlos.
En lugar de acceder a talleres independientes, los trabajadores del campo han tenido que esperar a que llegaran distribuidores autorizados por la empresa. Conseguir reparar tu herramienta de trabajo podía llevarte días, lo que finalmente derivaba en pérdidas de tiempo y dinero.
John Deere, culpable
Un nuevo memorándum de entendimiento entre el mayor fabricante de maquinaria agrícola de EE.UU, John Deere Corp., y la American Farm Bureau Federation, hace albergar esperanzas de que los agricultores estadounidenses recuperen por fin el derecho a reparar un número cada vez mayor de su herramientas de trabajo.
En virtud del acuerdo, John Deere se compromete a facilitar a los agricultores y a los talleres independientes el acceso a manuales, diagnósticos y piezas. Pero hay una trampa: el acuerdo no es legalmente vinculante y, como parte del trato, la influyente Farm Bureau prometió no apoyar ninguna legislación federal o estatal sobre el derecho a reparación
El movimiento por el derecho a reparar se ha convertido en la punta de lanza de una ofensiva contra el creciente poder de las empresas. Las protecciones de la propiedad intelectual, ya sean patentes sobre maquinaria agrícola, cultivos, ordenadores o smartphones, se han intensificado en las últimas décadas.
Ahora, abarcan más territorio, dando a las empresas un mayor control sobre lo que los agricultores y otros consumidores pueden hacer con los productos que compran.
En el caso de los agricultores, pocos ejemplos de esas limitaciones empresariales resultan más frustrantes que las restricciones a la hora de reparar. Se ha llegado al extremo de la imposibilidad de guardar las semillas de sus propios cultivos debido a los derechos de patente.
Economía de mercado y poder agrícola
La economía de mercado requiere competencia para funcionar correctamente, razón por la cual las políticas antimonopolio estadounidenses fueron especialmente duras después de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, durante las décadas de 1970 y 1980, los dirigentes políticos empezaron a seguir los consejos de un grupo de economistas de la Universidad de Chicago, y relajaron dichas políticas. ¿El resultado? Una concentración de poder repartida en muchos sectores clave.
Dicha concentración ha llegado a ser especialmente pronunciada en la agricultura, con unas pocas empresas que han consolidado su cuota de mercado en numerosas áreas, incluidas las semillas, los pesticidas y la maquinaria, entre otros.
Un estudio realizado en 2014 estimó que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, era responsable de aproximadamente el 80% del maíz y el 90% de la soja cultivada en EE.UU. En maquinaria agrícola, John Deere y Kubota representan alrededor de un tercio del mercado.
El poder del mercado se traduce a menudo en poder político, lo que significa que esas grandes empresas pueden influir en la supervisión reglamentaria, las decisiones jurídicas y la legislación que favorece sus intereses económicos, incluida la obtención de políticas de propiedad intelectual más expansivas y estrictas.
El derecho a reparar en EE.UU
En su nivel más básico, la legislación sobre el derecho a reparar pretende proteger a los usuarios finales de un producto de las actividades anticompetitivas de las grandes empresas. Nueva York aprobó la primera ley amplia de derecho a reparación en 2022, y casi dos docenas de estados cuentan con legislación en vigor, donde la mitad de ellas legislan sobre maquinaria agrícola.
Las restricciones vienen de lejos
Sin embargo, uno de los primeros casos en los que se cuestionó el derecho a reparar equipos fue en 1939, cuando una empresa que revendía bujías reacondicionadas fue demandada por violar derechos de patente. El Tribunal Supremo estuvo de acuerdo en la demanda, pero permitió la reventa de las bujías si se indicaba que eran reacondicionadas.
Aunque los tribunales se han puesto a menudo de parte de los usuarios finales en los casos de derecho a reparación, las grandes empresas cuentan con amplios recursos jurídicos y de presión para defender protecciones de patente más estrictas. Los defensores de los consumidores sostienen que estas protecciones impiden a la gente reparar y modificar los productos que legítimamente han comprado.
La justificación ostensible de las patentes, ya sean de equipos o de semillas, es que incentivan a las empresas a invertir tiempo y dinero en el desarrollo de productos, porque saben que tendrán derechos exclusivos para vender sus invenciones una vez patentadas.
Sin embargo, algunos estudiosos afirman que los recientes cambios jurídicos y legislativos de las patentes están limitando, por el contrario, la innovación y los beneficios sociales.
La ampliación de las patentes de utilidad a las semillas agrícolas ilustra cómo las políticas de propiedad intelectual se han ampliado y vuelto más restrictivas.
Cuestión de patentes
En el caso de EE.UU, las patentes existen desde su fundación, pero los cultivos agrícolas se consideraban inicialmente procesos naturales que no podían patentarse. Esto cambió en 1980, con la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Diamond contra Chakrabarty.
Dicho caso hacía referencia a bacterias modificadas genéticamente que podían descomponer el petróleo crudo. Por increíble que pueda parecer, la sentencia permitió a los inventores obtener patentes sobre organismos vivos, lo que generó un precedente.
Media década después, la Oficina de Patentes de EE.UU. amplió las patentes a los cultivos agrícolas generados mediante técnicas de cultivo transgénico, que inserta un gen de una especie en el genoma de otra.
Una lucha rural
Históricamente, los agricultores guardaban las semillas que generaban sus cultivos y las volvían a plantar la temporada siguiente. También podían vender esas semillas a otros agricultores. Sin embargo, perdieron el derecho a vender sus semillas en 1970, cuando el Congreso aprobó la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales. Incluso, las llamadas patentes de utilidad, que conceden a un inventor el derecho exclusivo a producir un producto nuevo o mejorado, son aún más restrictivas.
Según una patente de utilidad, los agricultores ya no pueden guardar semillas para replantarlas en sus propias explotaciones, llegando incluso a la Universidad, donde los científicos tienen restricciones en el tipo de investigación que pueden realizar sobre cultivos patentados.
¿Cuál es el coste final para los agricultores?
Puede resultar difícil calcular cuánto cuestan a los agricultores los cultivos patentados, del mismo modo que resulta igual de complicado calcular coste y beneficio a los perjudicados por el (no) derecho a reparar la maquinaria. Eso no significa que el resultado no se pueda dilucidar; a todas luces, y viendo los antecedentes, se antojará siempre negativo para la parte más débil.
De todas formas, el memorándum de acuerdo entre John Deere y la Farm Bureau puede ser un paso en la dirección correcta, pero no sustituye a la legislación sobre el derecho a reparación ni a la aplicación de políticas antimonopolio. La lucha de los agricultores está lejos de terminar.