El gobierno de EE.UU ha adquirido una participación del 10% en Intel, el gigante de los semiconductores. Esta decisión, impulsada por la administración Trump, convierte los fondos del CHIPS Act —originalmente destinados como subvención— en una inversión directa en acciones. ¿Estamos ante una nueva era de intervención estatal en la industria tecnológica?
CHIPS Act: De subvención a participación accionarial
La Ley CHIPS y Ciencia, aprobada en 2022, tenía como objetivo revitalizar la fabricación de semiconductores en suelo estadounidense. Intel fue uno de los principales beneficiarios, con una asignación de 11.100 millones de dólares. Sin embargo, en agosto de 2025, el presidente Trump anunció que estos fondos se convertirían en acciones, otorgando al gobierno una participación pasiva del 10% en la empresa.
Este tipo de intervención es inusual en tiempos de paz. Históricamente, el gobierno solo ha tomado participaciones en empresas privadas durante crisis económicas, como ocurrió en 2008 con los bancos y fabricantes de automóviles. En este caso, el objetivo es estratégico: asegurar la producción nacional de chips avanzados.
Intel en crisis: ¿Por qué necesita ayuda?
Intel ha enfrentado dificultades para competir con rivales asiáticos como TSMC (Taiwán) y Samsung (Corea del Sur). Mientras estas empresas avanzan en la fabricación de chips de 3nm y 2nm, Intel ha cancelado su nodo 20A (equivalente a 2nm) y enfrenta problemas de rendimiento en sus procesos 18A y 14A.
La empresa es la única en EE. UU. que intenta fabricar semiconductores en los nodos más avanzados, lo que la convierte en un activo estratégico. Sin embargo, su retraso tecnológico y los bajos rendimientos han generado preocupación sobre su viabilidad a largo plazo sin apoyo estatal.
¿Qué implica esta participación del gobierno?
Aunque el gobierno de EE.UU no tendrá representación en el consejo de administración de Intel, la participación accionarial podría influir indirectamente en decisiones estratégicas. Además, abre la puerta a acuerdos similares con otras empresas tecnológicas.
Funcionarios han aclarado que no se planean participaciones en TSMC ni Micron, ya que ambas ya han comprometido inversiones significativas en EE. UU. No obstante, se especula que otras compañías podrían seguir el mismo camino si se considera necesario para la seguridad nacional.
Geopolítica y soberanía tecnológica
La dependencia de EE. UU. de la producción asiática de semiconductores ha sido motivo de preocupación desde hace años. La pandemia y las tensiones con China han evidenciado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales.
Además de los chips, el gobierno está considerando invertir 2.000 millones de dólares adicionales en minerales raros, esenciales para la fabricación de semiconductores. China controla gran parte del mercado global de estos materiales, por lo que fortalecer la producción nacional es clave para reducir la dependencia.
Tras el anuncio, las acciones de Intel subieron un 6,6% en la bolsa, reflejando una respuesta positiva del mercado. Los inversores parecen interpretar la participación estatal como una garantía de estabilidad y respaldo financiero.
Sin embargo, algunos analistas advierten que esta intervención podría sentar un precedente peligroso. ¿Podría abrir la puerta a una mayor influencia política en el sector tecnológico? ¿Dónde se traza la línea entre apoyo estratégico y control gubernamental?
¿Qué significa esto para la industria?
Este acuerdo marca un punto de inflexión. Si Intel logra superar sus problemas técnicos y recuperar competitividad, el modelo podría replicarse en otros sectores estratégicos. Si fracasa, podría alimentar el debate sobre los límites de la intervención estatal.
Lo que está claro es que la carrera por la soberanía tecnológica ha comenzado. Y EE. UU. está dispuesto a jugar fuerte.